Una mujer de Charlton, Massachusetts, se declaró culpable de fraude bancario por presuntamente obtener durante unos seis años pagos de Seguro Social y pensiones, incluidos los cheques por los COVID Economic Impact Payments. El Departamento de Justicia alega que tuvo acceso al talonario de cheques de un beneficiario fallecido, no informó la muerte y recibió aproximadamente 110,428 dólares.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, una mujer de Charlton se declaró culpable de fraude bancario en un caso de presunta sustracción de beneficios durante años. Los fiscales alegan que obtuvo de forma fraudulenta prestaciones del Seguro Social y pagos de pensión durante aproximadamente seis años. El gobierno también sostiene que cobró los COVID Economic Impact Payments dentro del mismo patrón de conducta. De acuerdo con el DOJ, la acusada tenía acceso al talonario de cheques de un beneficiario fallecido. El punto central de la acusación es que no reportó la muerte, permitiendo que los pagos de beneficios siguieran emitiéndose. Los fiscales describen que, al aprovechar tanto ese acceso como las corrientes de pagos en curso, la demandada continuó recibiendo dinero que ya no era legalmente pagadero. El monto total que se le atribuye como obtenido de manera presunta asciende a aproximadamente 110,428 dólares. Aunque el caso no encaja en un “fraude en internet” clásico, ilustra un patrón de protección al consumidor y fraude a beneficios gubernamentales en el que el acceso a información y fallas administrativas —como no notificar a las agencias el fallecimiento— pueden mantener los pagos durante años. La declaración de culpabilidad subraya la aplicación federal contra esquemas de beneficios y pensiones que se apoyan en cheques, acceso al correo y vacíos administrativos, en lugar de recurrir a técnicas cibernéticas evidentes.