Los medios estatales chinos informaron de la ejecución de 11 personas condenadas por su papel en operaciones de estafa telefónica e por internet dirigidas desde regiones fronterizas con Myanmar, con cargos que incluyen fraude, detención ilegal, delitos violentos y la gestión de casinos ilegales. Las sentencias reflejan la intensificación de la ofensiva de Pekín contra los centros de estafa transfronteriza que han traficado con trabajadores y atacado a víctimas en todo el mundo.

Las autoridades chinas anunciaron que 11 personas condenadas por encabezar operaciones de estafa telefónica e internet a gran escala con base en regiones fronterizas de Myanmar fueron ejecutadas tras juicios que las hallaron culpables de delitos que incluyen fraude, detención ilegal, criminalidad violenta y explotación de establecimientos de juego ilegales. Los medios estatales y reportes regionales caracterizaron a los acusados como miembros centrales de complejos de estafa transfronterizos que reclutaban y con frecuencia traficaban o coaccionaban a trabajadores para perpetrar estafas de romance y de inversión dirigidas a víctimas en múltiples países. Pekín enmarcó las ejecuciones como parte de una campaña intensificada para desmantelar redes criminales transnacionales y desbaratar las proliferantes fábricas de estafas a las que se culpa de pérdidas globales por miles de millones y de abusos de derechos humanos asociados. Las organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han planteado preocupaciones sobre el debido proceso y las implicaciones geopolíticas más amplias de la aplicación transfronteriza de la ley en zonas fronterizas disputadas. No obstante, las sentencias subrayan la postura doméstica agresiva de China hacia los centros organizados de fraude y las severas penas aplicadas a los presuntos cabecillas de operaciones de estafa industrializadas.