Dos hombres fueron sentenciados por su participación en un esquema presuntamente fraudulento que involucró más de 522 millones de dólares en reclamaciones por pruebas genéticas dirigidas a Medicare y Medicaid. El Departamento de Justicia sostiene que las pruebas se obtuvieron mediante sobornos ilegales y que la facturación se respaldó con documentación presuntamente fraudulenta vinculada a beneficiarios.

El Departamento de Justicia informó que dos personas recibieron condenas de prisión por su participación en un gran esquema de fraude de pruebas genéticas y sobornos ilegales que afectó a programas federales de atención médica. Según el DOJ, la conducta de los acusados derivó en la presentación de más de 522 millones de dólares en presuntas reclamaciones fraudulentas por pruebas genéticas que los fiscales afirman que no eran médicamente necesarias. La Fiscalía sostiene que los exámenes y las reclamaciones habrían sido impulsados por arreglos de soborno u otras formas de kickbacks prohibidos destinados a obtener acceso a muestras de ADN. Además, los fiscales señalaron que la documentación relacionada con supuestos beneficiarios fue fabricada o alterada para respaldar la facturación de costosos servicios de pruebas genéticas. Este tipo de fraude sanitario suele apoyarse en datos de beneficiarios o pacientes y en prácticas de facturación coordinadas para convertir la captación o la obtención de muestras en reembolsos de alto valor. En su comunicado, el DOJ presenta el caso como una combinación de aplicación contra el fraude y contra los sobornos ilegales, al centrarse no solo en quién presentó las reclamaciones, sino también en cómo estaban estructuradas las relaciones comerciales subyacentes. La sentencia resalta la gravedad con la que los fiscales federales tratan los esquemas que manipulan los requisitos de facturación y se aprovechan de incentivos ilícitos para generar servicios reembolsables.