El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Joel Rufus French utilizó sobornos y telemedicina “falsa” para obtener derivaciones y promover reclamaciones de férulas u ortesis que, según la acusación, no eran médicamente necesarias. El presunto esquema habría canalizado los reembolsos hacia Medicare y el programa CHAMPVA vinculado al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

Según la descripción del caso hecha por el DOJ, el mecanismo de fraude se centró en generar derivaciones y obtener reembolsos mediante procedimientos médicos engañosos. French, que jugó en la NFL, fue condenado a 196 meses de prisión después de que el DOJ sostuvo que participó en una conspiración que habría usado sobornos y telemedicina simulada para incorporar pacientes a un circuito orientado a recibir atención no necesaria desde el punto de vista médico. De acuerdo con el comunicado, la conducta de French apuntó a Medicare y a CHAMPVA, un programa ligado al VA, y los fiscales señalan que el esquema se apoyaba en tácticas que aprovecharían a personas vulnerables, incluidos adultos mayores y personas con discapacidad. El DOJ afirma que el componente de telemedicina no estaba diseñado para llegar a decisiones clínicas legítimas, sino para fabricar el respaldo con el que se justificaría que hacían falta férulas u ortesis. Asimismo, sostiene que la conspiración incluyó esfuerzos de telemarketing desde el extranjero para contactar a posibles pacientes y que se habrían usado sobornos para asegurar el flujo de participantes y coordinar la documentación fraudulenta y el proceso de presentación de reclamaciones. Los fiscales indican que se habrían utilizado proveedores de DME (equipo médico duradero) creados con testaferros para facilitar la facturación de las férulas. Al combinar incentivos financieros coercitivos (sobornos), procesos remotos médicos engañosos (telemedicina falsa) y intermediarios que facilitaron la tramitación de reclamaciones, el DOJ describe el plan como un esfuerzo coordinado para que programas de salud pública pagaran servicios que, según los fiscales, no eran médicamente necesarios. La larga condena refleja la postura del gobierno de que la conducta fue de gran escala y sostenida en el tiempo.