El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la reapertura de una acusación contra ex altos empleados de Telekom Malaysia (USA) Inc. por conspiración de fraude por cable, fraude por cable y robo de identidad agravado. La Fiscalía sostiene que el esquema permitió desviar más de $20 millones, y que la propia empresa se presentó para denunciar lo ocurrido.

El 19 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) informaron sobre la desclasificación de una acusación contra ex personal directivo de Telekom Malaysia (USA) Inc. Los cargos incluyen conspiración de fraude por cable, fraude por cable y robo de identidad agravado. Según los fiscales, los acusados emplearon fraudes conectados entre sí para apropiarse indebidamente de más de $20 millones después de que la compañía notificara internamente la conducta. El caso destaca por unir un patrón clásico de irregularidad financiera corporativa con acusaciones relacionadas con identidades. Las imputaciones por robo de identidad agravado suelen implicar el uso indebido de datos personales o identidades para habilitar objetivos de fraude más amplios, algo que a menudo permite pagos, actividad contractual u otras operaciones vinculadas a la desviación de fondos. Aunque el comunicado se centra en los cargos y en la mecánica presuntamente descrita a un nivel general, la forma en que se plantea el asunto —con una acusación ya desclasificada, conteos penales y un componente de robo de identidad— sugiere que el DOJ no lo ve como un simple error contable o una mala gestión interna. Asimismo, el enfoque de la acusación refleja una estrategia de aplicación de la ley que conecta el fraude a escala empresarial con el uso indebido de identidades, que puede ayudar a que los esquemas eludan controles y faciliten el movimiento de dinero. Si se prueba, la conducta alegada implicaría una desviación financiera significativa, ya sea intentada o concretada, por encima de los $20 millones, con posibles efectos posteriores sobre socios, contrapartes y cualquier persona cuyas identidades presuntamente se habrían utilizado.