Fiscales federales suizos y la policía registraron domicilios y empresas de recolección de firmas después de que aproximadamente 30.000 firmas vinculadas a alrededor de 20 iniciativas populares fueran señaladas como sospechosas. La investigación se centra en supuesta falsificación y posible fraude electoral que abarca firmas recogidas desde 2022 e implica un complejo análisis forense porque los recolectores no están obligados a identificarse.

Los fiscales federales suizos registraron varias viviendas y empresas de recogida de firmas en el marco de una investigación sobre la presunta falsificación de aproximadamente 30.000 firmas vinculadas a alrededor de 20 iniciativas populares. Las autoridades afirman que las firmas sospechosas fueron recopiladas a lo largo de varios años —con fecha desde 2022 en algunos casos— y detectadas durante comprobaciones rutinarias de la autenticidad de las peticiones. Los investigadores se enfrentan a retos forenses complejos: la ley suiza sobre peticiones permite a recopiladores terceros y no exige que los recopiladores registren datos personales de identidad, lo que complica la atribución y la prueba de la falsificación. La investigación busca determinar si las firmas fueron falsificadas, ensambladas fraudulentamente o de otro modo no elegibles, con posibles derivaciones penales por fraude electoral. Los responsables han subrayado la integridad de los mecanismos de democracia directa y la necesidad de un examen minucioso de la cadena de custodia y las prácticas de recogida. Los registros se dirigieron a empresas que organizan campañas de recogida de firmas y a domicilios privados vinculados a recopiladores sospechosos, y los fiscales indicaron que la investigación indagará tanto en conductas individuales indebidas como en posibles vulnerabilidades sistémicas en el ecosistema de recogida de peticiones.