El gobierno militar de Myanmar prometió una campaña de 'tolerancia cero' contra los grandes complejos de estafas, llevando a cabo redadas y demoliciones; sin embargo, los informes de AP y las imágenes satelitales muestran que muchas operaciones persisten o se reubican. Las investigaciones indican que las acciones pueden ser en gran medida performativas y que el tráfico y la coerción de trabajadores siguen siendo generalizados.

Los periodistas de AP combinaron reportajes sobre el terreno, entrevistas e imágenes satelitales para evaluar la anunciada represión de Birmania contra los complejos de estafas cibernéticas y hallaron que no ha eliminado la generalizada industria del fraude. Aunque la junta realizó públicamente redadas, demolió instalaciones y promovió una narrativa de aplicación, muchas operaciones de estafa supuestamente se reconstituyen en nuevas ubicaciones, adoptan montajes más clandestinos o dependen de servicios alternativos de internet por satélite como Starlink para mantener la conectividad. Víctimas entrevistadas y fuentes locales describieron la continua contratación, coerción y trata de trabajadores obligados a operar líneas de fraude y esquemas de ingeniería social para grupos organizados. Observadores e investigadores dijeron que la aplicación selectiva de la ley, las multas y las demoliciones con fines propagandísticos hacen poco para desmantelar redes más amplias que se benefician de la complicidad local y la logística transfronteriza. AP llamó la atención sobre la dimensión humanitaria: los trabajadores coaccionados enfrentan violencia y restricciones de movimiento, mientras que víctimas en todo el mundo siguen perdiendo fondos. La cobertura instó a un monitoreo internacional más fuerte, sanciones dirigidas a los facilitadores y esfuerzos coordinados para interrumpir el ecosistema que permite las persistentes estafas facilitadas por medios cibernéticos.