Ejecutivos del laboratorio, sus responsables de mercadeo y un médico aceptaron pagar más de 2 millones para resolver acusaciones de sobornos ilegales a médicos. El DOJ sostiene que los mercadólogos encubrieron esos pagos como distribuciones bajo un modelo de MSO para inducir derivaciones a los laboratorios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que alcanzó acuerdos civiles que, en conjunto, superan los 2 millones de dólares para resolver acusaciones de que participantes vinculados a laboratorios habrían participado en esquemas de kickbacks ligados a referencias de pacientes hacia médicos. Según la acusación, las conductas habrían incluido arreglos destinados a influir en qué pacientes recibían pruebas de laboratorio, debilitando la toma de decisiones médicas y desviando recursos de programas de salud pública. El DOJ señaló que el problema se concentró en la forma en que los pagos indebidos habrían sido estructurados y, presuntamente, disfrazados. En particular, el DOJ indicó que los mercadólogos pagaron a los médicos sobornos encubiertos como distribuciones asociadas a un marco de managed service organization (MSO). Aunque las MSO pueden utilizarse de forma legítima en operaciones de atención médica, en este caso el DOJ considera que el esquema habría funcionado como un mecanismo para ocultar pagos que, de otro modo, estarían prohibidos. Al disfrazar los kickbacks como supuestas distribuciones empresariales válidas, los demandados habrían creado documentación y estructuras de compensación que, a primera vista, parecían legales, pero que en la práctica habrían operado como incentivos para derivaciones. Los kickback en el ámbito de la salud pueden provocar pruebas innecesarias, incrementar costos y desviar fondos de programas diseñados para atender a los pacientes. Este tipo de resoluciones civiles también evidencia el énfasis del gobierno en el cumplimiento y la aplicación de la normativa más allá de las acusaciones penales, especialmente cuando —según las alegaciones— la conducta afecta recursos federales de atención médica y la atención al paciente. Los acuerdos reflejan la postura del DOJ de que las estructuras de pagos engañosas pueden vulnerar leyes anti-kickback y disposiciones civiles relacionadas.