Tamara (“Tami”) Sawyer, funcionaria de la Secretaría del Shelby County General Sessions Court, fue acusada por cargos relacionados con robo, fraude y lavado de dinero, según el Departamento de Justicia (DOJ). Los fiscales alegan que desvió fondos públicos mediante tarjetas de compras y viajes, anticipos de viaje y pagos canalizados a través de servicios en línea y cuentas de PayPal.

Un gran jurado federal acusó a Tamara (“Tami”) Sawyer, identificada por el DOJ como secretaria del Shelby County General Sessions Court, por cargos vinculados a robo, fraude y lavado de dinero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los fiscales sostienen que Sawyer habría convertido y malversado fondos públicos mediante una serie de mecanismos financieros conectados con compras con tarjetas y el enrutamiento de pagos. La acusación indica que el esquema habría involucrado tarjetas de compras (procurement cards), una tarjeta de viaje y anticipos de viaje, con pagos enviados—según la acusación—mediante servicios basados en la web y cuentas de PayPal. Los fiscales describen estas herramientas como parte del modo en que, presuntamente, se desviaron y monetizaron recursos públicos, encajando en un patrón de fraude de corrupción que reutiliza canales administrativos legítimos para beneficio personal. La acusación también deja ver que el gobierno no solo lo ve como un caso de robo, sino como un fraude con componentes de lavado de dinero, lo que sugiere que los fiscales creen que los fondos habrían sido gestionados o procesados de maneras destinadas a ocultar su origen o permitir la continuidad del uso indebido. Este tipo de casos puede tener efectos cercanos al consumidor, ya que sistemas que implican pagos, cuentas y controles financieros se ven comprometidos. Tal como ocurre en otros fraudes en los que existe acceso institucional, el presunto plan se habría apoyado en la confianza y en la autoridad administrativa del cargo. Las alegaciones del DOJ subrayan la importancia de los rastros de auditoría, la supervisión de adquisiciones y el monitoreo del uso de tarjetas y de las plataformas de pago para evitar la desviación de fondos. Los cargos mantienen el caso encaminado hacia un proceso judicial en el que el gobierno intentará demostrar el supuesto mal uso de recursos públicos mediante transacciones documentadas.