Un análisis de Chainalysis a mediados de febrero, recogido por WIRED, encontró que los ingresos por estafas con criptomonedas se dispararon en 2025 hasta aproximadamente 17.000 millones de dólares y rastreó un aumento interanual de aproximadamente el 85% en pagos en criptomonedas vinculados a redes de trata de personas y trabajo forzado. Los analistas atribuyeron la escalada a la IA generativa, las tácticas de suplantación de identidad, las stablecoins y los mercados de Telegram. El informe advierte que las redes ilícitas están cada vez más integradas con esquemas de estafa que tanto defraudan a las víctimas como blanquean los ingresos.

El análisis de Chainalysis de mediados de febrero, resumido en WIRED y en las actualizaciones de Chainalysis, documenta una pronunciada escalada de la criminalidad facilitada por criptomonedas en 2025. La firma estima que los ingresos totales por estafas con cripto alcanzaron aproximadamente los miles de millones en el extremo alto —los informes de la industria citan alrededor de 17.000 millones de dólares para el año— y además señaló un aumento interanual de ~85% en los pagos en cripto rastreados vinculados a operaciones de trata de personas y trabajo forzado que gestionan compuestos de estafa. Los analistas identifican múltiples facilitadores: la IA generativa y las herramientas de suplantación reducen el coste marginal de las estafas personalizadas, mientras que las stablecoins y los “mercados garantizados” de Telegram aceleran el movimiento de fondos y los mecanismos de pago. El análisis detalla cómo redes coordinadas utilizan propuestas de inversión falsas, cebos románticos y ingeniería social automatizada para canalizar los ingresos a través de mezcladores, puertas de entrada centralizadas y intercambios entre pares. Chainalysis enfatiza la intersección entre el ciberfraude y la explotación física, señalando que los ingresos financian operaciones en compuestos que reclutan y coaccionan a víctimas para que participen en fraudes continuados. El informe pide un mayor intercambio de información público‑privado, controles más estrictos sobre las stablecoins y las plataformas de mensajería, y la aplicación transfronteriza de la ley para desarticular las cadenas de financiamiento.