Una denuncia del Departamento de Justicia (DOJ) alega un esquema de robo de identidad de décadas para obtener aproximadamente 800.000 dólares en beneficios federales. Los fiscales también vinculan el mismo patrón con fraude de pasaportes y fraude de atención médica asociado a la identidad sustraída.

Un caso penal federal anunciado por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York sostiene que un nacional dominicano habría dirigido durante años una operación de robo de identidades para obtener de forma fraudulenta beneficios federales por un total de alrededor de 800.000 dólares. Según lo alegado en la denuncia, el acusado utilizó identidades robadas para solicitar y recibir asistencia gubernamental, y luego empleó la información falsa para ocultar el esquema y prolongar la actividad en el tiempo. La acusación del gobierno agrega que el robo de identidades no se limitó a los beneficios, ya que también habría incluido fraude relacionado con pasaportes y fraude de atención médica vinculado a la información de identidad sustraída. El caso subraya que el robo de identidad puede combinarse con programas de beneficios, más allá de las cuentas bancarias. Para las víctimas, el impacto puede continuar en cadena cuando su información se usa para abrir o documentar la elegibilidad de programas, generando problemas administrativos y potenciales efectos en el crédito, registros migratorios y documentación sanitaria. La acción del DOJ resalta que estos casos pueden perseguirse como delitos federales de fraude y de identidad, especialmente cuando se conectan con múltiples categorías de beneficios y servicios.