En la misma operación internacional descrita por el Departamento de Justicia (DOJ), los presuntos estafadores habrían usado plataformas falsas de inversión en cripto para obtener las criptomonedas de las víctimas y luego lavar los fondos. El DOJ sostiene que la conspiración contó con participantes internacionales, incluidos responsables y reclutadores.

El operativo coordinado del DOJ también pone el foco en el supuesto componente de lavado dentro de una red de fraude por inversiones en criptomonedas que operaba a través de “centros de estafa”. Según el relato oficial, el plan internacional habría inducido a víctimas —muchas en Estados Unidos— a transferir criptomonedas a plataformas controladas por los acusados. La estrategia de la “plataforma” engañosa se presenta como un mecanismo crucial para transformar la confianza inicial en envíos inmediatos de cripto. Tras esas transferencias, el DOJ afirma que los estafadores intentaron ocultar el origen y el destino de las ganancias, recurriendo a movimientos internacionales y a otras medidas destinadas a dificultar el rastreo. El comunicado describe la operación como una empresa organizada y transfronteriza, con participantes ubicados en distintos lugares que habrían contribuido al funcionamiento del esquema. El DOJ también señala que el operativo derivó en al menos 276 arrestos, junto con cargos asociados a presuntos gerentes y reclutadores, lo que refuerza que no se trató de un solo actor ni de una cuenta comprometida de forma aislada. Al vincular el reclutamiento y la inducción mediante plataformas falsas con pasos de lavado después de que las víctimas enviaran los fondos, el anuncio refleja un patrón frecuente en el fraude impulsado por criptomonedas: ingeniería social para obtener transferencias y, luego, intentos rápidos de mover y ocultar los activos robados. La descripción pública busca evidenciar tanto cómo se habría apuntado a las víctimas como la manera en que, presuntamente, se gestionaron las ganancias tras el robo.