La FTC anunció devoluciones de cerca de 3 millones de dólares a consumidores que fueron engañados por un supuesto programa de alivio hipotecario. El caso sostiene que se prometió reducir pagos y evitar la ejecución hipotecaria con resultados garantizados, pero el esquema habría causado daños por millones.

La FTC indicó que devolverá casi 3 millones de dólares a los consumidores afectados por el esquema de alivio hipotecario Golden Home Services / Home Matters USA. El anuncio se produce después de que un tribunal determinara que la operación habría realizado promesas falsas para ayudar a propietarios con dificultades a reducir los pagos de su hipoteca y evitar la ejecución. Según la acusación, en lugar de entregar alivio, el plan habría cobrado dinero a las víctimas mediante engaños diseñados para aprovechar situaciones financieras urgentes. La FTC señala que las estafas de “alivio hipotecario” suelen apoyarse en la urgencia, el miedo y la promesa de resultados garantizados. En este caso, describe afirmaciones engañosas que habrían llevado a las víctimas a creer que sus problemas hipotecarios se resolverían rápidamente, pese a que el avance hacia la modificación o la detención de la ejecución no habría ocurrido como se les aseguró. Entre las conductas alegadas, se habría inducido a las personas a seguir pagando mientras se mantenía que la ejecución hipotecaria podría evitarse: un desenlace que las víctimas confiaron que recibirían, pero que no recibieron. La devolución ordenada por la FTC subraya cómo los reguladores tratan el fraude hipotecario como un problema de protección al consumidor y de daños financieros. El mensaje también apunta a que, cuando las empresas tergiversan su capacidad para modificar o detener una ejecución, las víctimas podrían acceder a compensaciones a través de programas de restitución impulsados por acciones de cumplimiento. Para los consumidores, la lección es desconfiar de las promesas garantizadas para “salvar” una hipoteca, especialmente cuando llegan mediante ofertas no solicitadas, y verificar la legitimidad y el estado de cualquier gestión por canales oficiales, evitando además pagos por adelantado a proveedores que no puedan comprobarse.