El Departamento de Justicia informó que una operación coordinada de aplicación de la ley a nivel internacional desmanteló presuntos centros de estafa ligados a inversiones en criptomonedas y culminó con al menos 276 arrestos. El comunicado subraya además el presunto liderazgo de reclutadores vinculado al mismo esquema, activo en varios países.

El Departamento de Justicia anunció que una operación internacional coordinada desmanteló “centros” de estafa de inversión en criptomonedas presuntamente utilizados para ejecutar el fraude, lo que derivó en al menos 276 arrestos. La agencia describió la intervención como una labor conjunta en la que participaron el FBI, la Policía de Dubái y autoridades de China, con el objetivo de interrumpir la infraestructura que habría sostenido la actividad ilícita a través de fronteras. Según los fiscales, la operación se centró en los centros operativos empleados para ejecutar el esquema, incluyendo funciones relacionadas con el reclutamiento de víctimas y la gestión del funcionamiento continuo. Aunque la cifra principal del DOJ se concentra en el número de detenciones, el comunicado también hace referencia a cargos penales en Estados Unidos vinculados a la misma red. En particular, el DOJ señala que presuntos responsables y reclutadores fueron acusados en San Diego, con cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Estos cargos se presentan como indicios de que la estafa dependía tanto de comunicaciones fraudulentas como del manejo de los fondos mediante mecanismos financieros diseñados para respaldar el esquema y ocultar su origen. El operativo se enmarca como una respuesta al fraude con inversiones en criptomonedas que habría perjudicado a estadounidenses, con acciones que se extendieron más allá de las fronteras del país. La descripción del DOJ sobre la participación de múltiples jurisdicciones refuerza un patrón recurrente en casos modernos: el reclutamiento y la selección de víctimas se coordinan internacionalmente, mientras que la monetización y la infraestructura pueden abarcar varios países, lo que exige un esfuerzo de enforcement sincronizado.